En Sant Andreu de la Barca, al igual que en muchas otras ciudades, la situación de la vivienda es una verdadera injusticia. Los terrenos vacíos, propiedad de bancos y fondos de inversión, permanecen sin uso, mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna. La responsable de esta paradoja es la Sareb, el «banco malo» creado con dinero público para gestionar los activos tóxicos de la banca tras la crisis de 2008. En lugar de usar esos recursos para ayudar a las familias, la Sareb sigue vendiendo los terrenos a fondos privados y especuladores, mientras las viviendas vacías se acumulan.

En Sant Andreu, más de 350 familias han solicitado vivienda pública, pero las opciones son muy limitadas. Mientras tanto, los terrenos de la Sareb, como los de la Carretera de Barcelona 17-25 o la Calle del Sol 5-7, podrían ofrecer soluciones para muchas de estas familias. Estos solares tienen el potencial de albergar más de un centenar de viviendas sociales, pero están abandonados, lo que agrava aún más la crisis de la vivienda.

Estos terrenos fueron adquiridos por la Sareb durante la crisis financiera de 2008. Han pasado más de diez años y siguen sin ser aprovechados. A pesar de los esfuerzos del ayuntamiento, que ha impulsado planes urbanísticos para destinarlos a viviendas de protección oficial, las negociaciones con la Sareb han sido lentas y complicadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando, y el derecho a una vivienda digna se sigue viendo bloqueado por intereses privados.

El proceso de recuperación de terrenos de la Sareb es lento y burocrático, demostrando cómo los intereses privados siguen bloqueando el derecho fundamental a la vivienda.

En 2024, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta clave que pretendía que el 80% de los activos de la Sareb se cediera a las administraciones públicas para destinarlos al alquiler social. Esta propuesta contaba con el respaldo de muchos partidos en Cataluña, pero los votos de los grandes partidos del Congreso (PSOE, PP y Vox) decidieron bloquearla. Esta negativa ha sido un golpe a la posibilidad de abordar la crisis habitacional de manera efectiva.

Este bloqueo, junto con la falta de un marco legal claro, demuestra cómo los intereses privados siguen prevaleciendo. Mientras tanto, el gobierno sigue dando pasos lentos para crear soluciones, como la creación de la Empresa Pública de Vivienda. Sin embargo, aún no se han visto resultados tangibles y la Sareb continúa vendiendo sus activos al mejor postor sin tener en cuenta las necesidades de la gente.

La Sareb, conocida como el «banco malo», fue creada para absorber los activos problemáticos del sistema bancario tras la crisis. Sin embargo, en lugar de utilizar estos activos para ayudar a las familias, sigue operando como una entidad inmobiliaria más, vendiendo terrenos y viviendas a especuladores. A pesar de recibir miles de millones de euros en rescate público, la Sareb mantiene miles de viviendas vacías, muchas de ellas en áreas donde la demanda de vivienda social es urgente.

A pesar del rescate público y la inyección de miles de millones de euros, la Sareb sigue acumulando miles de viviendas vacías mientras millones de personas no tienen acceso a una vivienda digna.

En Sant Andreu, la Sareb posee terrenos y viviendas que, si estuvieran bajo control público, podrían convertirse en hogares para muchas de las familias que están esperando. Sin embargo, el proceso para recuperar estos activos sigue siendo un desafío constante, lo que demuestra cómo los intereses privados siguen anteponiéndose al derecho a la vivienda.

Ante la falta de acción por parte del gobierno central, desde En Comú Podem proponemos soluciones claras y concretas:

• Expropiar temporalmente viviendas vacías durante más de 24 meses para destinarlas a alquiler social, como lo permite la Ley Vasca.
• Crear un parque público de viviendas al 100%, gestionado por el Estado, con alquileres basados en el 20% de los ingresos de las familias.
• Obligar a la Sareb a ceder sus activos a precios tasados, destinándolos a políticas municipales reales de vivienda social.

Viena ha demostrado que es posible garantizar vivienda asequible a gran escala. Más del 50% de sus viviendas son públicas o cooperativas, y el alquiler promedio es de solo 8,5 €/m². Este modelo, basado en la inversión pública y la gestión cooperativa, podría replicarse en Sant Andreu, aprovechando los terrenos disponibles y priorizando el bienestar social por encima de los intereses privados.

Viena demuestra que es posible garantizar vivienda asequible a gran escala con una combinación de construcción pública, subsidios y cooperativismo.

La crisis de la vivienda en Sant Andreu de la Barca y en muchas otras ciudades de España no es una crisis económica, es una crisis política. Mientras los fondos privados siguen ganando a costa de los recursos públicos, miles de familias siguen esperando una vivienda digna. El derecho a una vivienda asequible no puede seguir siendo un lujo para unos pocos, debe ser un derecho para todos.

Desde En Comú Podem, seguimos luchando por un modelo de vivienda basado en los derechos de las personas, no en los beneficios de unos pocos. La voluntad política es clave para transformar la situación y garantizar que los recursos públicos se destinen a resolver la crisis habitacional, no a enriquecer a fondos privados. La lucha continúa.

Te invitamos a leer el artículo de la regidora Isabel Marcos sobre las propuestas para mejorar la vivienda pública y cómo enfrentamos la especulación en nuestra ciudad. Haz clic en el siguiente enlace para leer más:

>>Lee el artículo de Isabel Marcos<<